RESERVA DE IDENTIDAD. ALZAMIENTO DE LA MEDIDA. OBLIGACIÓN DE PROTECCIÓN. ILEGALDIAD DEL ALZAMIENTO. RECURSO DE PROTECCION DEDUCIDO POR LA FISCALIA. RECURSO ACOGICO. DISIDENCIA.

Con fecha 30 de julio del año 2015 la Excma. Corte Suprema (rol 7371-2015) confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción que acogió el Recurso de Protección deducido por la Fiscalía Local en contra de la  Juez de Garantía de Lebu. Dicho fallo se acordó con el voto en contra de las Ministras Sra. Egnem y Sra. Sandoval fundado en lo siguiente: “3.- Que, como ya lo ha sostenido esta Corte en los autos Rol N° 11706-2014, dicha pretensión resulta inadmisible, pues por regla general el recurso de protección no puede entenderse como un medio de impugnación de resoluciones judiciales, puesto que al haberse adoptado el acto recurrido en el contexto de un proceso judicial, se trata de una cuestión que ya está sometida a la jurisdicción y, por lo tanto, bajo el imperio y regulación del derecho.”.-

            La Corte de Apelaciones de Concepción en un fallo redactado por el Ministro Renato Campos rol 797-2015 acogió el recurso de protección deducido por la Fiscalía declarando “…que se deja sin efecto la resolución de la nombrada funcionaria, expedida en audiencia del día veinticuatro de marzo de dos mil quince, en los antecedentes RUC 1500000532-8, del ingreso de ese tribunal, por medio de la cual, accediendo a una solicitud de la defensa de los imputados, ordena alzar la reserva de identidad de un testigo protegido (cuyo nombre se mantiene en custodia y reserva en secretaría de esta Corte), y en su lugar se declara que se rechaza la mencionada solicitud, y, por ende, se dispone que se mantiene la referida reserva de identidad testimonial, en los mismos términos en que la adoptó el Ministerio Público en los antecedentes ya singularizados, sin perjuicio de lo que pudiere resolverse en la etapa intermedia del respectivo proceso penal.”

            La Corte de Apelaciones fundo su sentencia en lo siguiente: “NOVENO.- Que en estas circunstancias, cabe concluir que el obrar de la juez recurrida presenta connotaciones de ilegalidad, por cuanto la resolución atacada por el recurso desconoce una facultad-deber de origen constitucional y legal propia del Ministerio Público, dirigido a la adopción de medidas de protección de testigos que declararán o declararon en un procedimiento criminal, en este caso consistente en la su reserva de su identidad, en circunstancias que en el proceso penal hay un estadio procesal posterior al de investigación donde la cuestión aquí debatida debió ser promovida por la defensa y resuelta por el órgano jurisdiccional.- QUINTO.- Que  toca al Ministerio Publico, como obligación de carácter constitucional y legal, la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos, misma que se encuentra establecida en los artículos 83 de la Constitución Política de la República y 1° de su Ley Orgánica, N°19.640.- El artículo 307 del Código Procesal Penal, que se refiere a la “individualización del testigo”, aludiendo a los antecedentes relativos a su persona, especialmente de sus nombres y apellidos y domicilio, permite al testigo, por medio de su inciso segundo, no indicar su domicilio, si ello fuere motivo para temer peligro para él u otra persona; en su inciso tercero señala que si el testigo hiciere uso del derecho precedente, queda prohibida la divulgación, en cualquier forma, de su identidad o de antecedentes que condujeran a ella, debiendo el tribunal decretar esta prohibición. Su contravención se castiga de la manera prevista en el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil.- El artículo 259 del Código Procesal Penal, dedicado al Contenido de la acusación, refiere en su letra f)  “El señalamiento de los medios de prueba de que el ministerio público pensare valerse en el juicio”, pero le exceptúa de dicho señalamiento los elementos de identificación de testigos que se encontraren en la situación establecida en  el inciso segundo de su artículo 307.- Por último, el artículo 308 del Código adjetivo, sobre protección a los testigos, faculta al tribunal, en casos graves y calificados, para disponer medidas especiales designadas a proteger la seguridad del testigo que lo solicitase, durando dichas medidas el tiempo razonable que el mismo tribunal dispusiere, las cuales podrán ser renovadas cuantas veces fuere necesario.- SEXTO.- Que la normativa antedicha permite corroborar la prerrogativa constitucional y legal del Ministerio Público para adoptar las medidas atingentes destinadas no sólo a la protección de testigos, sino que, además, a víctimas y peritos; encontrándose, asimismo, los tribunales dotados de estas mismas atribuciones y para los mismos fines.- SEPTIMO.- Que la institución de que se trata no sólo se encuentra plasmada en el Código Procesal Penal, sino también en leyes especiales como la Ley sobre Conductas Terroristas N° 18.314; en la Ley sobre Violencia Intrafamiliar N° 20.066; en la Ley N° 20.000 sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas; en la Ley N° 19.913 sobre Blanqueo de Activos, etc.”.-

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