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FUNDAMENTACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS – ART. 11 inc. 2 Ley 19.880- LEGITIMIDAD PASIVA – GOBIERNO REGIONAL – INTENDENTE.-

La Excma. Corte Suprema por sentencia dictada en causa rol 29.046-2014 revocó la de la Corte de Apelaciones de Concepción, acogiendo el recurso de protección deducido contra el Intendente Regional del Bío Bío dejando sin efecto el pronunciamiento desfavorable del Consejo Regional de la Región del Bío Bío respecto de la solicitud de permiso de operación para un casino de juegos en Chillán formulada por la recurrente Chillán Casino Resort S.A., debido a que “…la autoridad administrativa no cumplió con la exigencia de fundamentación contemplada en el inciso 2° del artículo 11 de la Ley N° 19.880, toda vez que al emitir su informe se limitó a indicar que su pronunciamiento respecto de la solicitud de la parte recurrente era desfavorable, no expresando de modo alguno cuál fue el análisis efectuado para determinar que dicha solicitud no cumplía con las exigencias contenidas tanto en el artículo 23 de la Ley N° 19.995 como en el artículo 21 de su respectivo Reglamento.”

            La Iltma. Corte de Apelaciones de Concepción en fallo unánime acordado por los Ministros Rodrigo Cerda, Juan Villa y la redactora María Elvira Verdugo (rol 2759-2014) rechazaron el recurso de protección fundado en dos aspectos: a) Falta de legitimidad activa del intendente, por haber sido un acto del Consejo Regional; y, b) Por que estimaron que las resoluciones estaban debidamente fundadas. Considerando 15º “En esta perspectiva, atendido lo dispuesto en el N° 3 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, el recurso debe intentarse respecto del “causante” del acto cuestionado, calidad que -como se ha explicado- no tuvo el señor Intendente Regional, porque no le correspondió participar de ninguna manera en la sesión de 1° de julio de 2014, habiendo sido “causante”, por el contrario, el “Consejo Regional” que es uno de los dos órganos que conforman el “Gobierno Regional” (artículo 22 de la Ley N° 19.175),  y que, después de las reformas de las Leyes números 20.678 y 20.757, ni siquiera es presidido por el Intendente, sino por uno de sus propios miembros.” y sigue en el considerando  22º Que una primera conclusión que puede extraerse de los hechos asentados en la consideración precedente consiste en que, contrariamente a lo que se plantea en el recurso, el acta de la sesión de 1° de julio de 2014 del Consejo Regional del Bío Bío contiene fundamentos de hecho para informar desfavorablemente la solicitud de la recurrente, consistentes en que el proyecto postulado por ésta provoca externalidades negativas para el desarrollo regional, derivadas del hecho de proponerse la construcción de un casino de juego colindante con un establecimiento educacional de estudios superiores (la “Universidad Pedro de Valdivia” según se observa en las fotografías acompañadas a fojas 257, exhibidas sin contradicción en la vista de la causa); y contiene también fundamentos de derecho, porque en la sesión se aludió a la Ley N° 19.995, que contiene su artículo 23, cuyo contenido se examinará.” Para luego concluir en el considerando 25º que la autoridad “…ponderó tanto el mérito genérico de la comuna de emplazamiento propuesta por ella, así como, de la misma manera, el impacto de su solicitud específica en el desarrollo regional.”

Nosotros compartimos el fallo de la Excelentísima Corte Suprema, estimando que una simple reseña formal a “algo” no es suficiente fundamento, justificación o motivación considerada éste como un requisito que debe concurrir en todo acto administrativo. La fundamentación es una exigencia destinada a obtener la tranquilidad psicológica de la opinión pública, facilita el control de legalidad, disminuye el riesgo de la arbitrariedad, permite el control ciudadano y judicial, colaborando con los cimientos de un adecuado Estado de Derecho, circunstancias que permiten legitimar el acto y su autoridad. El motivo es “razón que justifica cada acto administrativo emanado de la Administración Pública.” (Bermúdez Soto, Jorge: “Derecho Administrativo General”, Edit. AbeledoPerrot LegalPublishing, Santiago, 2010. P. 87), semejante idea esboza SOTO KLOSS: “La justificación normativa, fáctica y racional que da razón, que fundamenta la decisión, que da cuenta del ‘por qué’ se emite esa decisión, y que sustenta o sostiene su juridicidad, su conformidad a Derecho” (Soto Kloss, Eduardo: “Derecho Administrativo”, Temas Fundamentales; Edit. AbeledoPerrot LegalPublishing, Santiago, 2010. P. 368.) Los motivos en un acto administrativo pueden ser jurídicos  y fácticos, los primeros apoyan la decisión y, los segundos, son los que se han tenido en cuenta en el dictamen, pero ni los unos ni los otros deben faltar en un estado de Derecho. Incluso más, esta exigencia se extiende a los fallos judiciales que exigen la concurrencia de aspectos de forma y fondo (art. 170 CPC) y su sanción para el caso del incumplimiento esta dada por el Art. 794 letra c) del CPC, aspectos relacionados con el art. 19 Nº3 C.Pol.